El subsecretario de Política Criminal, Martín Casares,
anunció que el gobierno de Mauricio Macri puso en marcha un proceso de análisis
crítico del nuevo plexo normativo, cuya implementación quedó frenada por un
decreto. Según informó, el objetivo es llevar adelante un proceso de diálogo
amplio. “Lo estamos haciendo de manera participativa”, precisó el funcionario.
El subsecretario de Política Criminal, Martín Casares,
anunció que el gobierno ya puso en marcha un proceso de revisión crítica del
nuevo Código Procesal Penal. “Lo estamos haciendo de manera participativa,
convocamos a mesas de trabajo en las cuales, con una agenda previa en la que
punteamos cuáles son los ajustes que creemos que pueden ser futuras
modificaciones, lo planteamos a especialistas, asesores, incluso han venido
jueces, funcionarios, algunos fiscales, o personas que nos hacen llegar sus
intereses”, indicó el funcionario.
Aunque la puesta en vigencia del cuerpo normativo estaba
prevista por la anterior gestión para el 1 de marzo, a fines del año pasado, el
gobierno encabezado por el presidente Mauricio Macri sacó un decreto de
necesidad y urgencia (DNU) que frenó su implementación.
Frente a esto, Casares insistió en que ahora el objetivo de
la gestión es realizar un proceso amplio de diálogo. Como ejemplo, recordó que
cuando fue el tratamiento anterior, se hicieron audiencias públicas en las que
especialistas de diferentes ámbitos expusieron sus puntos de vista pero, por la
velocidad del proceso, no fueron tenidos en cuenta. Ahora, en cambio, el
funcionario indicó que se están recogiendo esos aportes para sumarlos a la
discusión.
Por otro lado, Casares también se refirió a las razones que
motivaron la suspensión del Código a fines de 2015. “No hay forma instrumental
de hacer esto con la infraestructura que tenés”, dijo. La norma, expresó, no
tiene “las herramientas para poder investigar, perseguir y sancionar
eficazmente los delitos complejos” y añadió que “hacían falta un montón de
acciones concretas que hacen a la implementación de la reforma para que sea
exitosa”.
Sobre las falencias instrumentales, Casares apuntó contra
aspectos clave de la reforma. El nuevo sistema acusatorio, explicó, “se
gestiona mediante audiencias orales”, pero la organización judicial está lejos
de poder responder a este cambio. Por caso, indicó que “no estamos en
condiciones de videograbar todas esas audiencias para dejar esta metodología de
expediente y pasar a una gestión digital de los casos moderna, en el cual si
vos como parte apelás la resolución, la alzada que corresponda pueda ver un
video o escuchar una grabación y decidir en base a eso, y no a un acta que
después se hace”.
Además, el funcionario repasó otros puntos sobre los que
buscarán avanzar. En ese sentido, dijo que agregarán un capítulo para
investigar y perseguir los delitos complejos, donde incluirán las figuras del
arrepentido y del agente encubierto. También indicó que darán “mucha más
participación activa a la víctima, para que sea notificada e incluso en el caso
de que quiera ser oída cada vez que los casos vayan a ser archivados”.
Fuente: Abogados Tucumán
